La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se declaró
"indignada" frente a la decisión del jefe de los Diputados, Eduardo
Cunha, de promover un juicio político en su contra y aseguró que no existe
ninguna base jurídica para ello.
"Recibí con indignación la decisión del presidente de
la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el
pueblo brasileño", declaró Rousseff en un muy breve pronunciamiento en el
Palacio presidencial de Planalto.
La mandataria aseguró que las bases en que se apoyó Cunha
para dar lugar al pedido de varios juristas y partidos opositores "son
inconsistentes" y no se fundamentan en "ningún acto ilícito".
"No hay en mi contra una sospecha de desvío de dinero
público, no tengo cuentas (ocultas) en el exterior y no presioné a
instituciones o personas", dijo Rousseff en una clara alusión a Cunha,
implicado en el escándalo de corrupción en Petrobras y acusado precisamente por
ese tipo de irregularidades.
También aludió a supuestas negociaciones que Cunha habría
hecho con miembros de la base parlamentaria oficialista para intentar evitar un
proceso que el Consejo de Ética de la Cámara baja se propone abrir en su
contra.
"Jamás aceptaría" negociaciones de esa naturaleza
y "mucho menos si atentan contra el libre funcionamiento de las
instituciones y los principios éticos que deben gobernar la vida pública",
declaró.
Rousseff dijo estar "tranquila" y convencida de
"la improcedencia" de esa iniciativa en su contra, de la cual afirmó
que será archivada por el Congreso.
"No podemos dejar que se sacuda a la democracia",
declaró la jefa de Estado, y apuntó que los brasileños deben confiar "en
nuestro Estado democrático de derecho".
Cunha aceptó un pedido de juicio político con fines de
destitución presentado por varios juristas y cuatro partidos de la oposición
que se fundamenta en unas maniobras fiscales irregulares que el Gobierno hizo
para maquillar sus resultados de 2014 y que continuaron este año, según
fiscales de organismos de contraloría del Estado.
Esas maniobras, según sostiene la oposición, suponen un
"delito de responsabilidad fiscal", que la Constitución contempla
como una de las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
ultimasnoticias.
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