Representantes de
diferentes movimientos sociales de Brasil aseguraron este jueves que no permitirán
retrocesos en los derechos alcanzados en el sistema democrático de ese país y
manifestaron su apoyo a la presidenta Dilma Rousseff, ante el trámite de juicio
político en contra por parte del Congreso.
El obispo de la
Iglesia Anglicana de Brasil, Francisco Da Silva, aseguró que entre los grupos
que intentan desestabilizar el país también hay segmentos religiosos, que
utilizan la fe para fundamentar sus acciones. Al respecto, el obispo apuntó que
el juicio político con Rousseff va en contra de la democracia y el estado de
derecho en este país. Asimismo, señaló que no se trata de un tema partidario
sino inconstitucional.
La representación de
la Central Única de Trabajadores repudió los intentos de golpe parlamentario y
afirmó que el juicio político contra Rousseff es un engaño por parte de los
sectores oligárquicos que no aceptaron los resultados electorales.
El Gobierno de Brasil
y representantes de diversos movimientos sociales sostuvieron un encuentro en
el que se acordó, según informó el Ministro de Desarrollo Agrario, Patrus
Ananias, respaldar la democracia y rechazar el juicio político contra la
presidenta de Brasil, debido a que no tiene “base jurídica ni constitucional...
representa un golpe”.
Ananias precisó que
acordaron crear las condiciones para impulsar la economía de Brasil y la
reafirmación de las políticas sociales para una sociedad más justa
El miércoles 2 de
diciembre, el presidente del Congreso brasileño, Eduardo Cunha, aprobó la
solicitud de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por
presuntamente haber “maquillado” las cuentas públicas de 2014 y 2015 y
"cargado" a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno
por 41 mil millones de reales en 2014 (equivalente a unos 10 millones de
dólares).
Ante la actuación del
congreso brasileño, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil suspendió el
proceso de juicio político, decisión que impide a la Cámara de Diputados
instalar una comisión especial que evalúe la validez de la petición de
enjuiciar a la Presidenta brasileña por el supuesto delito de responsabilidad
fiscal.
ultimasnoticias.
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