
De acuerdo al TSJ el decreto "atiende de forma
prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en
el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional,
pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del
derecho constitucional a la protección social por parte del Estado",
refiere una nota de prensa del máximo ente judicial.
El decreto se encuentra de conformidad con la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un
lapso de 60 días, y fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 6.214 Extraordinario, del 14 de enero de 2016.
ultimasnoticias.com.
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